La detención y el aseguramiento en el proceso penal en España. Realidad y perspectivas

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Ricardo Juan-Sánchez
Vladimir Núñez Herrera

Resumen

Los procedimientos penales de acuerdo con la regulación del Derecho de la Unión Europea (DUE) manifiestan un conjunto de normas comunes de garantías de procedimientos que han de ser transpuestos al Derecho interno de los EM. Las garantías procedimentales, la efectividad y la eficacia han de ser la base para el cumplimiento del efecto útil del DUE y la garantía de los derechos fundamentales. Dentro de dicha normativa se encuentran los derechos y las garantías de los detenidos, investigados, encausados para la adopción de medidas cautelares. Una de las consecuencias de lo anterior es la armonización de nuestro Derecho interno en con el DUE. El Anteproyecto de LECrim que ha propuesto el Gobierno de España persigue esos objetivos. Dicho Anteproyecto define con claridad los derechos y las garantías de un debido proceso penal. El presente trabajo se centra en aquellos derechos y garantías regulados en lo relativo a la detención y algunas de las medidas cautelares personales en el proceso penal, tanto en la actual LECrim como en el citado Anteproyecto.

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Sección
Estudios

Citas

JUAN-SÁNCHEZ, R., Proceso justo en España y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2020.

JUAN-SÁNCHEZ, R., “El nuevo régimen de la incomunicación cautelar en el proceso penal español”, InDret, 2017.

LÓPEZ MARCHENA, M. A., L. LAFONT NICUESA, V. LÓPEZ YAGÜES, et al., “Diálogos para el futuro judicial XXVI. Legalidad y Oportunidad: presente y futuro del proceso penal”, en La Ley, No. 9869, Sección Plan de Choque de la Justicia/Encuesta, 11-06-2021, Wolters Kluwer.

SÁNCHEZ MUÑOZ, Ó., “El derecho a un tribunal independiente e imparcial”, en F. J. Matía Portilla & L. E. Delgado del Rincón (dirs.), Las problemáticas dimensiones del derecho al proceso debido en España a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tirant lo blanch, Valencia, 2019.

Fuentes legales

Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aprobado Consejo de Ministros 24 de noviembre de 2020.

Constitución Española. BOE Nº 311, de 29-12-1978. Texto Consolidado.

Convenio Europeo de Derechos Humanos Roma, 4-11-1950, y enmendado por los Protocolos Adicionales Nº 3 y 5, de 6-05-1963 y 20-01-1966, respectivamente. Instrumento de Ratificación de España, BOE Nº. 243, de 10-10-1979.

Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 24-04-1963. Instrumento de Ratificación de España BOE Nº 56, de 6-03-1970.

Carta de los Derechos Fundamentales de la UE Niza, 7-12-2000. DOUE, No. C- 364, de 18-12-2000. Posterior Tratado Lisboa (TL), DOUE, No. C.- 303, de 14-12-2007. Entrada en vigor 1-01-2009. Reconocida por España en LO 1/08 de 30-07-2008, BOE Nº. 184, de 31-07-2008.

Código penal español. BOE nº 281, de 24-11/-1995. Texto Consolidado.

Directivas 2010/64/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a la interpretación y traducción en los procesos penales.

Directiva 2011/99/UE, Del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección.

Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad; incorporándose

Directiva 2016/1919/ UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016 relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención.

Directiva 2016/800/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales.

Directiva 2016/343/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio.

Decisión Marco adoptada por el Consejo el 13 de junio del 2002 y modificada en 2009, orden de detención europea.

Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea BOE Nº 157, de 2-07-2021.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. BOE Nº 282, de 21-11-2014.

Ley de Enjuiciamiento Criminal. BOE núm. 260, de 17-09-1882. Texto Consolidado.