La jurisdicción contencioso-administrativa en España

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Irene Ruiz Olmo
Francisco Delgado Piqueras

Resumen

Con la Constitución de 1978, España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, lo que, entre otras cuestiones, implica la sumisión de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9.3 de la CE). El control judicial de la actuación de las Administraciones públicas corresponde, fundamentalmente, a los jueces y magistrados que integran el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que persigue un doble objetivo: por un lado, hacer que las Administraciones públicas actúen en todo momento con sometimiento a la ley y al Derecho en la satisfacción de los intereses generales y, por otro lado, otorgar a todos los ciudadanos la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso puedan sufrir indefensión. Este trabajo nos presenta las características y las atribuciones imprescindibles que la jurisdicción administrativa tiene para ejercer esas funciones y corregir las extralimitaciones de la Administración.

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Estudios

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